La historia del general Héctor Armando Hernández Da Costa es una crónica desgarradora que refleja la profunda crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela. Un militar venezolano, egresado de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, se ha visto atrapado en las garras de un régimen que ha hecho de la represión su modus operandi. Desde el 13 de agosto de 2018, Hernández Da Costa fue falsamente acusado de participar en un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, una acusación que carece de fundamento y que huele a desesperación política.
La Organización de Naciones Unidas, a través de su Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, ha denunciado esta situación, ordenando su liberación inmediata en 2020. Sin embargo, estos llamados han caído en oídos sordos, y su detención sigue siendo una evidente violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cómo es posible que un individuo sea privado de su libertad sin pruebas, siendo víctima de un sistema judicial que no respeta ni sus propios principios?
La tortura en manos del régimen es horrenda. Héctor Armando pasó un mes en la sede principal de Boleíta, reportando ser víctima de malos tratos, incluyendo la negación de atención médica vital para sus padecimientos como la diabetes y enfermedades gastrointestinales. La violencia estructural del Estado no solo se manifiesta en las atrocidades físicas, sino también en la deshumanización total del prisionero, quien es tratado como un objeto desechable en el engranaje opresor del gobierno.
El 20 de febrero, su hija reveló el traslado de su padre a la cárcel de El Rodeo I, un lugar identificado como un nuevo centro de tortura del régimen venezolano. Este cambio de ubicación no es sino un intento más del gobierno por silenciar a aquellos que se atrevan a alzar la voz contra la injusticia. Con la intensificación de la represión, la situación de Hernández Da Costa se vuelve aún más crítica.
Finalmente, el 2 de abril de 2024, la juez de apelación Katherine Harrington ratificó la condena de 30 años para el general, a pesar de la falta de pruebas y testigos que la justifiquen. Esta decisión no solo muestra la parcialidad del sistema judicial venezolano sino también una clara burla a las normas internacionales que buscan proteger a los inocentes.
Es inconcebible e inaceptable que, en pleno siglo XXI, sigamos siendo testigos de tales abusos sistemáticos. La comunidad internacional no puede permanecer en silencio, y cada uno de nosotros debe alzar la voz para exigir justicia para Héctor Armando Hernández Da Costa y todos los que sufren bajo un régimen que parece haberse olvidado de lo que significa la dignidad humana. La lucha por los derechos humanos jamás debe cesar, y el caso de Hernández Da Costa es un claro recordatorio de la urgencia de esta batalla.
