El 21 de enero de 2019, se marcó como una fecha trágica para los 24 sargentos que intentaron levantarse en Cotiza, un gesto de resistencia contra un régimen opresor que se enfrenta a la realidad de su violenta represión. La brutalidad ejercida por fuerzas de la DGCIM, FAES, SEBIN, GNB y PNB no solo revela un abuso sistemático del poder, sino que también destaca la inhumanidad con la que se maneja la disidencia en Venezuela.
Las atrocidades sufridas son indescriptibles. Fueron sometidos a golpizas intensas, asfixiados con bolsas cargadas de gas tóxico, desnudados y recluidos en condiciones extremas de aislamiento. La violencia se convirtió en una rutina diaria; las palizas con fusiles y objetos contundentes resonaban como ecos de un sistema que busca aplastar cualquier grito de libertad. En una escalofriante demostración de tortura, algunos días les vendaban los ojos, mientras que otros eran sometidos a descargas eléctricas, un acto de barbarie que convierte a la prisión en un escenario de terror.
Luis Bandres, el líder de esta operación, sufrió un trato particularmente cruel. Su relato es un desgarrador testimonio de la degradación humana: golpes con un bate, patadas, asfixia, electrocuciones en sus partes más vulnerables, y un total desprecio por su dignidad. La humillación alcanzó niveles inimaginables cuando lo obligaron a ingerir sus propias heces. Este tratamiento no es solo un ataque físico; es un intento de deshumanización que busca quebrantar el espíritu de quienes osan desafiar al poder.
La violencia sexual, una horrenda manifestación de control, también fue utilizada en este caso, mostrando una faceta aún más grotesca de la tortura. El intento de violación de Bandres es una clara indicación de que el uso de la violencia sexual en contextos de conflicto no es un mero subproducto de la guerra, sino una táctica deliberada para causar sufrimiento y humillación.
Según el Informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, el 74% de los actos de violencia sexual reportados habían sido cometidos contra hombres, revelando una crisis sistemática de derechos humanos que no puede ser ignorada.
El impacto psicológico de estas torturas se ve incrementado por el uso de la familia como herramienta de miedo. A Bandres se le hizo creer que su esposa e hijos estaban siendo atormentados, una estrategia que amplifica la agonía del detenido y acentúa el daño psicológico. Además, el allanamiento de su hogar evidenció un patrón de agresión que no solo afecta a la víctima directa, sino que se extiende a sus seres queridos, dejando una huella profunda de terror y desolación.
Las condenas de siete y 15 años para los involucrados en el levantamiento son un claro mensaje del régimen: no habrá tolerancia hacia quien se atreva a desafiar la autoridad. Sin embargo, la verdadera sentencia es la que ya han vivido en sus cuerpos y mentes, una tortura que desafía toda lógica y compasión humana.
El 23 de junio de 2022, al sargento Bandres Figueroa lo condenaron a 15 años y seis meses de prisión. Por el hecho también fueron condenados Geomar Martínez Natera, Rico Urrieta, Andrés Paredes, Asdrúbal Chirinos, Hebert Glok Vásquez, Yeiser Montero Yeiser, Kervin Manuel Charles, Neomar Salcedo y Edgar Díaz Vivene, entre otros.(editado)
En un país desgarrado por la dictadura, donde la opresión y el sufrimiento marcan la vida cotidiana, cada historia de tortura, cada acto de violencia, son un grito desesperado por justicia. No podemos ignorar estos relatos. La comunidad internacional debe actuar, no solo para condenar estos actos, sino para garantizar que quienes perpetran tales atrocidades enfrenten las consecuencias de sus crímenes.
