El caso de los funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) en Venezuela, específicamente del inspector jefe Héctor Rovain, el distinguido Erasmo Bolívar y el cabo primero Luis Molina, se ha convertido en un símbolo de la criminalización de la oposición política en el país. Estos tres hombres, junto a otros seis funcionarios de alto y mediano rango, fueron detenidos durante las protestas contra el gobierno de Hugo Chávez el 11 de abril de 2002, en lo que se conoce como el intento de golpe de Estado en esa fecha.
Ese día, una masiva marcha de oposición culminó en el centro de Caracas, resultando en la trágica muerte de 19 personas, principalmente simpatizantes de la oposición, y dejando a un centenar más heridos y detenidos. Este evento marcó el inicio de un proceso de criminalización hacia aquellos que se oponían al régimen. La situación de los arrestados es particularmente inquietante; aunque el resto de los detenidos fue puesto en libertad con el tiempo, Rovain, Bolívar y Molina siguen en prisión, recluidos en un centro penitenciario en el estado Lara.
A pesar de haber pasado 22 años tras las rejas sin una sentencia clara, su condena, impuesta por la jueza Maryorie Calderón, fue de 30 años. La decisión ha sido objeto de críticas severas debido a la falta de pruebas presentadas en juicio. El abogado defensor, José Luis Tamayo, expuso que se llevaron a cabo 230 audiencias y 265 experticias sin que se lograra presentar evidencia que comprometiera a los tres funcionarios. Estas irregularidades han llevado a muchos a considerar el proceso judicial como un “delito de lesa justicia”.
En contraste, varios oficiales leales al gobierno que dispararon desde Puente Llaguno contra la multitud fueron absueltos de los cargos después de solo tres meses y medio de juicio. nuevo
Desde 2007, las medidas alternativas que podrían permitir la libertad condicional de Rovain, Bolívar y Molina han estado pendientes de ejecución. Cada año, sus familias solicitan la revisión del caso, argumentando que los tres funcionarios están pagando por un crimen que no cometieron.
La historia de Rovain, Bolívar y Molina es un recordatorio de cómo el abuso de poder y la falta de independencia judicial pueden transformar a individuos inocentes en prisioneros políticos, resaltando la urgente necesidad de una reforma en el sistema de justicia en Venezuela y el final del poder del régimen chavista-madurista.
