La detención del periodista Ramón Centeno, el 2 de febrero de 2022, no solo marcó un oscuro capítulo en su vida, sino que también reveló las profundidades de una crisis humanitaria en el país. Activista del partido oficialista, Centeno se había embarcado en una investigación sobre narcotráfico, después de una llamada anónima se derivó su arresto por motivos políticos.
Desde su reclusión, la salud física y mental de Centeno había ido en un alarmante deterioro. A pesar de múltiples solicitudes de su defensa para que se le realizara una evaluación médica, la respuesta de las autoridades siempre fue desalentadora. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ha alzado la voz en reiteradas ocasiones, alertando sobre la grave situación del comunicador, quien se encuentra atrapado en un sistema que ignora sus derechos fundamentales.
La desesperación de la familia de Centeno por obtener justicia y un trato humano es palpable. Desde el inicio de esta injusticia, han clamado por medidas humanitarias que garanticen su bienestar. Sin embargo, su llamado ha caído en oídos sordos.
En marzo de 2023, la angustia de la familia se intensificó cuando solicitaron urgentemente atención médica para Centeno. Los reportes indican que el defensor público del periodista había solicitado su traslado inmediato a un centro de salud para la realización de exámenes médicos. Una infección en una de sus piernas amenazaba con complicar aún más su estado. La madre de Centeno, Omaira Navas, expresó su desesperanza el 22 de marzo, detallando cómo su hijo llevaba más de ocho días padeciendo fiebre, dolores de cabeza y, lo más alarmante, una pierna operada infectada que comprometía su vida por está razón fué trasladado de urgencia al hospital domingo Luciano donde duro más de un año.
La situación se volvió crítica el 6 de septiembre de este año, cuando el gremio periodístico anunció que Centeno sería trasladado nuevamente al Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, en Caracas. Este movimiento fue interpretado como una maniobra para silenciar aún más a un periodista que ya ha pagado con su salud los costos de su vocación.
El CNP denunció el 5 de septiembre que el abogado de Centeno, Detman Mirabal Arismendi, había interpuesto una solicitud ante un Tribunal para que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense (Senamecf) realizara una evaluación física y mental del periodista, dado su estado de salud crítico. Esta solicitud era urgente, ya que Centeno tenía programada una intervención quirúrgica para esa misma fecha. En un contexto de hipertensión severa y un cuadro psiquiátrico preocupante, el riesgo que presentaba para su vida era innegable.
Centeno no podía someterse a la cirugía debido a una crisis de hipertensión, consecuencia directa de su deterioro emocional y mental. Denunciaron presiones sobre los médicos para llevar a cabo el procedimiento, lo que podría resultar mortal para él. La inacción de las autoridades ante estos padecimientos resalta la inhumana falta de atención hacia un individuo que, hasta hace poco, dedicaba su vida a informar y servir a la sociedad.
El horror llegó de una peor manera, fue trasladado nuevamente al comando Antidrogas, si, el lugar donde casi muere por la infección que tenía en su pierna y sin recibir atención médica.
Las condiciones deplorables que enfrenta Ramón Centeno, un periodista a quien se le negó la justicia y el derecho a una atención médica digna, son reflejo de un sistema que persigue a quienes buscan la verdad.nuevo
Su caso no es aislado, sino parte de un patrón sistemático de represión que pone en evidencia la fragilidad de los derechos humanos en el país. La comunidad periodística y los defensores de derechos humanos deben continuar alzando la voz, demandando no solo la liberación de Centeno, sino también el respeto a la vida y dignidad de todos los que, como él, se atreven a desafiar el silencio impuesto por el poder.
