Este es otro caso de las presuntas teorías conspirativas reveladas por el fiscal del régimen venezolano, Tarek William Saab, hablamos del caso La viñeta, que tendría como objetivo atentar contra la vida de Nicolás Maduro y del ministro de la defensa padrino López en dicha residencia presidencial. En este caso involucraron a 5 personas, entre ellas José Daniel Mendoza Torres, un primer teniente del ejército, quien se encuentra detenido desde agosto de 2023 bajo acusaciones falsas.
El 4 de agosto de 2023, mientras Mendoza desempeñaba sus funciones como jefe de transporte de la Guardia de Honor Presidencial, recibió la orden de dirigirse al área conocida como La Viñeta dentro del Fuerte Tiuna. Al llegar, se encontró con funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes le confiscaron su teléfono de manera arbitraria. Sin resistencia, Mendoza regresó a su batallón, ajeno al caos que pronto lo envolvería.
Esa misma noche, a las 11 PM, los funcionarios del DGCIM irrumpieron en su unidad y lo arrestaron sin explicaciones ni órdenes formales. Lo humillaron ante sus compañeros, arrojándolo al suelo con las manos esposadas. Su comandante, al que pidió ayuda, decidió dar la espalda, y decir “llevense a ese traidor ” despojando a Mendoza de toda esperanza de apoyo institucional. La tragedia se profundiza con el hecho de que su familia no tuvo conocimiento de su paradero hasta el 25 de diciembre de 2023, cuatro meses después de su desaparición.
Durante su cautiverio, Mendoza fue víctima de torturas brutales. Se reporta que fue alimentado de manera degradante, y sometido a tratos crueles, incluyendo asfixia con bolsas impregnadas de azufre. La acusación en su contra es grave: terrorismo, asociación y traición a la patria, cargos vacíos que se utilizan para justificar su injusto encarcelamiento.
A pesar de ser inocente, se le ha forzado a aceptar la culpabilidad durante audiencias preliminares, algo que con firmeza ha rechazado. Además, su derecho a una defensa justa ha sido negado; su acceso al expediente del caso es nulo, y se le ha impuesto un abogado público sin que su familia tenga conocimiento sobre su identidad o competencia.
Los intentos de la familia de Mendoza por obtener justicia han sido infructuosos. Han presentado diferentes recursos ante las entidades correspondientes en Venezuela, incluyendo un recurso de hábeas corpus del cual nunca tuvieron respuesta. En un entorno donde la justicia se ha convertido en una herramienta de represión, este caso ha sido llevado a la Corte Penal Internacional, donde se documentan las violaciones a los derechos humanos padecidas por él.
Hoy, Mendoza lleva más de un año y cuatro meses privado de libertad sin haber cometido delito alguno, mientras su hija pregunta diariamente por su padre, un recordatorio del costo humano de la opresión estatal. La indignación no solo por su caso, sino por el sufrimiento de tantas familias venezolanas, es urgente. Es hora de que la comunidad internacional preste atención y actúe ante estos atropellos que claman justicia.
