Venezuela con el arresto de Rocío San Miguel, abogada y ferviente activista. Al intentar viajar desde Caracas hacia Miami junto a su hija, San Miguel fue detenida por las autoridades bajo la infame acusación de estar involucrada en una supuesta conspiración para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro. Este acto no solo es alarmante, sino que resuena como un eco diabólico de la persecución política que ha asolado al país durante años.
La confirmación del arresto por parte del fiscal general Tarek William Saab, quien informó que la activista fue llevada ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo de Caracas, dejó a muchos en estado de incredulidad e indignación. San Miguel no tuvo acceso a los abogados de su confianza, un hecho que su equipo jurídico denunció con firmeza. Este despojo de derechos fundamentales es una clara demostración de cómo el régimen silencia a las voces disidentes.
Más de 200 organizaciones no gubernamentales han clamado por su liberación inmediata, exigiendo a la comunidad internacional que condene esta brutal acción. Como si la situación no fuera lo suficientemente grave, el gobierno de Estados Unidos manifestó su preocupación, incitando a su vez la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de Venezuela, una medida que acentúa aún más la sensación de horror en un país donde la represión se convierte en una herramienta prioritariamente utilizada por quienes ostentan el poder.