El 23 de diciembre de 2020, Barquisimeto, estado Lara, fue escenario de un acto que ha dejado una marca imborrable en la vida de Darío Estrada, un ingeniero en petróleo y activista político. En una noche que debería haber transcurrido con paz, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) irrumpieron en su hogar a las 11:00 p.m., llevándoselo detenido bajo circunstancias alarmantes, incluso cuando se encontraba aislado por contagio de COVID-19. Este acto, más allá de ser una violación a sus derechos humanos, es un reflejo escalofriante de la persecución política que vive Venezuela.
Desde su arresto, la situación de Darío ha sido desoladora. Pese a su condición de salud, fue trasladado a Caracas, donde permanece recluido en un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), enfrentando cargos absurdos de terrorismo. Según la defensa legal de Darío, se reporta que fue golpeado y atado de manos y pies al asta de la bandera de la comandancia policial, un trato que no solo indigna, sino que también pone en evidencia la brutalidad de las fuerzas de seguridad del Estado.
Un aspecto relevante de este caso es que Darío tiene trastorno del espectro autista, lo cual agrava su vulnerabilidad en un sistema judicial que se maneja con arbitrariedad y falta de empatía. Su defensa ha revisado cómo los mismos funcionarios que lo detuvieron manifestaron que su arresto se basaba en una “orden desde arriba” y que ellos mismos no entendían las acusaciones que pesaban sobre él. Esto nos invita a reflexionar sobre el nivel de impunidad y deshumanización presente en el accionar de las autoridades.
La acusación formal que se le hizo a Estrada es, como mínimo, cuestionable. Se le acusa de pertenecer a un grupo de WhatsApp en el que supuestamente se planeaban acciones en contra del Gobierno. Esta situación resulta absurda en un país donde la libertad de expresión y la asociación pacífica son derechos que deberían prevalecer. Más aún, la manipulación mediática alcanzó niveles alarmantes cuando Darío fue presentado en cadena nacional como un paramilitar, apodado “Merienda Negra”, que había recibido entrenamiento en Ríohacha, Colombia, en 2018. Tal presentación no solo busca deslegitimar su figura, sino que intenta crear un enemigo interno que justifique la represión sistemática de la oposición.
El clímax de esta historia de injusticia se dio el 9 de agosto de 2023, cuando Darío fue condenado a 30 años de prisión por una juez que ha demostrado estar alineada con intereses políticos más que con el derecho y la justicia. La noticia de su condena fue anunciada por el partido Encuentro Ciudadano, del cual Darío es militante. “Le informamos al país y a la comunidad internacional que la Juez Alejandra Romero ha condenado a 30 años de prisión al preso político Darío Estrada. Se encuentra privado de su libertad desde el 2020”, comunicó la organización a través de redes sociales.
La condena no solo representa un ataque directo a Darío Estrada, sino que sienta un peligroso precedente para otros activistas y ciudadanos venezolanos que se atreven a alzar la voz contra un régimen que ha hecho de la represión su modus operandi. Este caso clama por atención internacional y exige que la comunidad global se pronuncie ante situaciones similares donde la violación de derechos humanos es norma.nuevo
Darío Estrada no es simplemente una estadística en un informe de derechos humanos; es un ser humano que sufre, que sueña y lucha por un futuro mejor. Su detención y condena son un grito desesperado de una sociedad que anhela justicia. Es imperativo que todos levantemos la voz y trabajemos para asegurar que casos como el suyo nunca sean olvidados y que la justicia prevalezca en Venezuela.
